Las vidas en la zona rural importan

La noche del pasado miércoles, 14 de julio, en medio de la mayor crisis de salud del país, el Pleno de la Cámara Federal aprobó, por 313 votos, refrendando una decisión del Senado, la exclusión de la zona rural del proyecto de ley 827/2020, que suspende el cumplimiento de una ley judicial, medida extrajudicial o administrativa que resulta en desalojo colectivo o traslado forzoso en propiedad privada o pública hasta el 31 de diciembre de 2021. Significa que la mayoría de los parlamentarios decidieron permitir el desalojo de familias de trabajadores rurales durante la pandemia.

La Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares (CONTAG) repudia el trato desigual dado a los trabajadores rurales. Esta es una gran injusticia que pone a las familias en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo un proyecto destinado a proteger la vida de las personas terminó protegiendo los bienes materiales y la propiedad? ¿O los parlamentarios consideran que los trabajadores rurales son otra especie humana que no merece protección en tiempos tan difíciles?

Las familias trabajadoras rurales que sobreviven bajo chozas de lona, ​​paja, cartón u otros materiales están sujetas a esta situación porque no tienen otra alternativa. En gran medida se ven privados del alcance del Estado, lo que los hace más vulnerables. Por su cuenta, intentan contener la propagación del virus instalando barreras sanitarias autónomas. Destacamos, como es bien sabido, que Brasil está marcado por conflictos en las zonas rurales que culminan en violencia extrema. La decisión del parlamento aumentará los conflictos.

Destacamos que la mayoría de la Cámara Federal y el Senado fueron en contra de precedentes en relación al tema: Recomendación No. 90, del Consejo Nacional de Justicia – CNJ, de 2 de marzo de 2021, recomienda que los Poderes Judiciales adopten precauciones al resolver conflictos relacionados con el desalojo colectivo de propiedades urbanas y rurales durante el período de la pandemia del coronavirus (Covid-19); La Resolución No. 11 del Consejo Nacional de Derechos Humanos – CNDH, aprobada el 19 de marzo de 2020 solicita medidas al Consejo Nacional de Justicia, los Tribunales de Justicia y los Tribunales Regionales Federales que indiquen la suspensión del cumplimiento de los mandatos de recuperación en colectivos urbanos y zonas rurales como medida preventiva contra la propagación de la infección por el nuevo coronavirus – Covid 19 y los Consejos de Derechos Humanos, a través de la Red Nacional de Derechos Humanos, recomiendan medidas sobre la pandemia de Covid 19 a diversas autoridades de diferentes poderes y a la población en general , mediante Recomendación Conjunta nº 01/2020, emitida el 19/03/20.

También es de destacar que el 3 de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia Federal – STF determinó la suspensión, por seis meses, de medidas administrativas o judiciales que resulten en desalojos, expulsiones o recuperaciones forzosas en viviendas colectivas o área de producción de poblaciones vulnerables. . La decisión fue concedida en la orden judicial preliminar en ADPF 828.

Directiva de CONTAG

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