Tenemos propuestas para revertir el grave retroceso social y económico en América del Sur agravado por la pandemia

Han pasado 16 meses desde que la pandemia de Coronavirus cruzó los océanos y llegó a nuestra región. Dadas las economías interdependientes que caracterizan la globalización actual, y el gran flujo de personas que viajan entre los continentes, no hubo medidas que pudieran evitar que la pandemia llegara a nuestros países. Y lo peor: no hay fecha para que acabe.

Aunque las vacunas conquistadas por la ciencia traen la esperanza de contener el virus, el mundo ya no será el mismo de antes. Más de 4 millones de familias que perdieron miembros a causa de la Covid-19 en todo el mundo no los recuperarán, y la economía tendrá un largo camino por recorrer antes de que pueda restablecerse y crecer nuevamente en muchos países, incluidos nuestros países latinos.

Solo en 2020, los impactos de la pandemia de Covid-19 redujeron el crecimiento económico mundial en un 5,2%, según las proyecciones del Banco Mundial. Para América Latina, la economía se contrajo en promedio un 7%. El comercio internacional de la región, por ejemplo, que contribuye de manera importante al desarrollo, se redujo en más de un 20%.

En los impactos directos en la sociedad, el desempleo se incrementó en un 25% en este período de pandemia, y con eso también fue un aumento en la tasa de pobreza, que pasó del 30,2% al 37,3% entre la población, y la pobreza extrema, que ubica a las personas las condiciones miserables, pasó del 11% al 15,5%. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hoy hay más de 231 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones en pobreza extrema en la región.

Una consecuencia grave de este lamentable crecimiento es el hambre, que se ha agravado enormemente en el último año, como muestran los indicadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en su informe 2020 sobre el tema.

Después de analizar el tamaño del problema, necesitamos pensar urgentemente en soluciones, y desarrollarlas. Y como defendemos en todas las articulaciones de COPROFAM, la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) es fundamentalmente estratégica para ayudar a restaurar la seguridad alimentaria de estas personas, y garantizar la soberanía alimentaria de los países. Pero lamentablemente las proyecciones no son favorables para este sector.

Esto se debe a que, según proyecciones económicas de especialistas para la región, existe un punto de lenta recuperación en las economías de los países latinoamericanos, y esta recuperación será impulsada por las exportaciones de cobre, hierro, granos, cereales y carnes. En otras palabras, las commodities seguirán aumentando como resultado de la recuperación económica y la demanda de materias primas en China y Europa después de la pandemia.

Por lo tanto, conociendo a los gobiernos latinos que tienden a priorizar la economía más que las vidas humanas, anticipamos que la AFCI se verá aún más presionada y afectada por las grandes empresas mineras y la agroindustria. Más que la falta de apoyo financiero de los gobiernos para la pequeña producción de alimentos, esto también significa más conflictos y violencia por la tierra para producir granos para la exportación y territorios para la explotación de minerales.

Estos impactos ya son visibles en Brasil, Paraguay, Argentina y Perú, por ejemplo, donde la violencia ha aumentado como resultado de conflictos por disputas de tierras, generalmente por parte de empresas agroindustriales y de grandes empresas mineras que buscan áreas ricas en minerales para la explotación de hierro, cobre, litio, oro, etc.

Aún no contamos con diagnósticos precisos capaces de medir los impactos del COVID -19 en los ingresos de la agricultura familiar. Pero estudios preliminares recientes que están realizando en Brasil las universidades públicas de Rio Grande do Sul (UFRGS) y Santa Catarina (FESC), sur y sureste del país, indican que en 2020 los agricultores familiares en estos estados tuvieron una pérdida de 39 y 42% en ingresos familiares, respectivamente, motivados por la suspensión parcial o total de sus actividades productivas. Especialmente para familias que se dedicaban a la producción de alimentos para mercados locales y compras públicas. Para sobrevivir y honrar sus deudas, la mayoría de las familias tuvieron que vender sus bienes y usar sus reservas de ahorro. Esto significa que hoy están descapitalizadas, más pobres, con muchas de ellas en situaciones de miseria y hambre.

Sabemos que los impactos de la pandemia son enormes en muchos sectores, y los gobiernos de América Latina tienen una amplia gama de desafíos que enfrentar, que se suman a los de la pobreza y el hambre de millones de personas. Pero esto solo es posible si cambiamos las formas actuales de gobernanza, políticas públicas y sistemas alimentarios.

COPROFAM tiene algunas recomendaciones a los gobiernos latinos al respecto, las cuales tuve la oportunidad de presentar en el seminario “Derechos a la Tierra y Agricultura Familiar Sostenible para Alcanzar los ODS”, realizado por la Iniciativa Terra y ODS el pasado 6 de julio. La lista de recomendaciones comienza por la construcción de pactos de compromisos con el sector privado y la sociedad civil para una gobernabilidad democrática y transparente, buscando recuperar y mitigar los impactos de la pandemia con un enfoque en la reducción de la pobreza y el hambre.

Otra recomendación es la reorganización del presupuesto público enfocado en acciones para promover la recuperación y el desarrollo económico, la protección social (especialmente salud y educación) y la inclusión productiva, generando empleo e ingresos para las familias. La focalización en los servicios y la gestión pública eficiente es también fundamental, a través del ajuste e integración de las políticas públicas existentes para atender mejor las demandas, las necesidades básicas y la inclusión productiva de las poblaciones.

Otra estrategia a considerar es establecer acuerdos de cooperación entre países de la región con el apoyo de organismos multilaterales – FIDA, FAO, PMA, por ejemplo – intercambiando experiencias en gobernabilidad, servicios y políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, social, ambiental y equitativo de todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, y de suma importancia, prestar la debida atención al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, que es un pilar fundamental de cualquier economía. La agenda del Deceino de la Agricultura Familiar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dos mandatos de Naciones Unidas, brindan excelentes pautas para el desarrollo sostenible e inclusivo del sector.

Con estos mandatos, los gobiernos pueden ajustar, mejorar y ampliar las políticas públicas existentes, o desarrollar e implementar nuevas políticas que promuevan este urgente desarrollo rural. Para ello, es necesario que los gobiernos asignen recursos presupuestarios, mejoren los servicios de comunicación, investigación, tecnologías y asistencia técnica directa a los agricultores familiares. Yo diría que esta es la única forma en que los gobiernos pueden lograr los objetivos de la agenda de los ODS para 2030, como se estableció anteriormente.

Además de las capacidades productivas de agricultores(as), campesinos(as) e indígenas, también es necesario mejorar mucho el contexto actual y adecuar la forma de procesamiento, distribución y consumo de alimentos de mejor calidad, promoviendo cadenas cortas, venas directas del productor al consumidor, ferias libres, entre otros.

Invertir en estas y otras medidas es mejorar la situación socioeconómica de nuestros(as) agricultores(as) familiares, campesinos(as) y pueblos indígenas y permitir que las poblaciones vulnerables tengan acceso a alimentos saludables. Solo después de esto comenzaremos a avanzar nuevamente en la superación del hambre en nuestra región. Con gobernabilidad democrática, políticas públicas de inclusión productiva, presupuesto adecuado para la inversión oportuna y participación social, podemos mejorar la vida de millones de familias afectadas por el Covid -19 y las posibilidades de que América del Sur vuelva a prosperar.

Alberto Broch – presidente de COPROFAM

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