Diputados aprueban 10 años de cárcel a ocupantes de supuesta tierra privada

Con 49 votos a favor, tres en contra, 27 ausentes y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal, y su modificatoria, Ley N° 3.440/2008”. El cambio de la ley penal tiene como principal objetivo elevar las penas por ocupación de supuesta tierra privada hasta 10 años de cárcel y el trasfondo de la modificación del artículo en cuestión es proteger las tierras del Estado en poder de personas no sujeto de la reforma agraria.

La propuesta obtuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Senadores y ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.  De esta manera, el texto que queda firme establece que quien “individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. Cuando la invasión se realizará con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”.

Inicialmente, varios diputados pidieron una moción para que el texto sea postergado por 15 días, de manera a estudiarlo con mayor detenimiento y con la participación de varios sectores sociales e instituciones públicas, pero este planteamiento no prosperó. En tanto, otros legisladores manifestaron que la problemática de la tierra no puede resolverse con el endurecimiento de las penas por invasión y señalaron estar en contra del proyecto, porque no se puede aprobar una iniciativa sin analizarla con todos los sectores.

Los legisladores que tienen posturas en contra la modificación del Articulo 142 del Código Penal argumentan que la iniciativa tiene un objetivo político, no jurídico, que no busca proteger los intereses generales, sino más bien, el particular de quienes impulsan el proyecto, ya que las instituciones no dan respuestas a quienes no tienen tierras y con el aumento de la pena no se va a resolver el problema de fondo, porque las instituciones son corruptas y mientras no haya justicia, no habrá paz social, sostienen.