Política del gobierno de criminalizar la lucha por la tierra fractura la íntima relación de dos siglos con la Iglesia Católica

El Paraguay, desde su emancipación como nación libre e independiente, la legitimación política y sostén social del poder de turno, que trazan el destino del país, reside en el apoyo incondicional brindados por la Iglesia Católica a las acciones ejecutadas por las autoridades. El statu quo en el relacionamiento se mantuvo intacto en los últimos dos siglos, pero a raíz de la política de criminalización de reivindicación de la tierra impulsada por el actual gobierno está minando esta íntima relación.

La crisis en la relación de complicidad de dos siglos entre el gobierno paraguayo y la Iglesia Católica se evidencia en las últimas homilías diarias que antecede a la ceremonia del mayor evento del país, realizado cada 8 de diciembre. ´´La propiedad privada no es un derecho absoluto como sí es la dignidad humana. Exigimos la derogación de las leyes que criminalizan a indígenas y campesinos, que solo luchan por el derecho de acceder a un pedazo de tierra para vivir´´, dijo el religioso Miguel Fritz, durante la homilía del 28 de noviembre, que dio inicio a las festividades de la Virgen de Caacupé.

Se estima que cada año cerca de 50% de la población paraguaya residente en el país acude para asistir las festividades de la Virgen de Caacupé. Este año, más de 1.000.000 de personas se congregaron para asistir a la ceremonia central llevada a cabo a primeras horas del 8 de diciembre, quienes escucharon con atención y aplaudieron fervorosamente las duras críticas emitidas por el obispo Ricardo Valenzuela en su tercera carta al pueblo denominada “Organicemos la esperanza”, donde la Iglesia Católica exhortó a la ciudadanía a estar movilizada y criticó la desesperante corrupción, el sometimiento de la Justicia a políticos y a personas influyentes y el oportunismos de los políticos.

Si bien, como es tradicional, las principales autoridades del país estuvieron presente en la celebración de la ceremonia central, pero el gran ausente de este año, como lo esperado, fue el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuyo gobierno se enfrenta a duros cuestionamientos social y política por las olas de desalojos violentos de dudosa legalidad, aumento de la violencia, casos grotesco de corrupción durante la pandemia y la negociación del Tratado de Itaipu por su cercanía ideológica con el presidente brasileño.