Buscar consensos, por un modelo productivo que contenga a la agricultura familiar como modelo de desarrollo rural

El Consejo Directivo Central de FAA se reunió el pasado 7 de mayo y destacó la convocatoria al diálogo del arco político realizada por el gobierno nacional. En esa jornada se trató la invitación recibida por FAA, pues fue una de las instituciones que recibió la carta del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Dijo ese órgano: “Para los pequeños y medianos productores, de haber un acuerdo, sería sustancial que éste incluya el compromiso de dar impulso a la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores”.

No cabe duda de que el nuevo modelo agroalimentario que se expande a escala mundial tiene mucho que ver con la hegemonía de las grandes empresas transnacionales agroalimentarias en diversos ámbitos rurales y agropecuarios del mundo.

Los agricultores familiares desde la década del ´90, fueron los que se alejaron del campo. Esto se debió a que las grandes empresas enfrentaron a las explotaciones familiares con la adopción de maquinarias y tecnologías de última generación y alto requerimiento de capital. Este cambio limitó la diversificación en la producción, que permitía actividades que aportaban un flujo de dinero para la realización de otras, que naturalmente proveía el trabajo familiar y mano de obra extra.

El modelo agropecuario argentino no tuvo cuenta en las últimas décadas al pequeño y mediano agricultor. Y con él me refiero a aquel que aún está afianzado a su terreno, con una cultura propia y para el que el desarrollo incluye no sólo una mejora de su necesaria estabilidad económica, sino el respeto y consolidación de pautas culturales, familiares, sociales y de arraigo a un entorno que el modelo político-económico desatiende.

Frente al modelo actual de las grandes empresas (que promueve la concentración de la tierra, la producción y las riquezas, encareciendo el precio de los productos agropecuarios y arrojando a miles de familias agricultoras al desarraigo) cobra vigencia el rol de la agricultura familiar como promotora de un mejor nivel de vida, generadora de empleos, que ponga freno al éxodo permanente de los pobres del campo a las ciudades y que apunte a garantizar la soberanía alimentaria.

El Consejo Directivo Central de FAA planteó que la Argentina debería adherir al pronunciamiento mundial declarado en el Foro Mundial Campesino en Bilbao sobre la década de la agricultura, y tomar el impulso necesario para generar políticas públicas que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores.

La Agricultura Familiar es un modelo productivo de gran importancia para el país, se debe incluir en la agenda como un tema de primer orden, con políticas públicas específicas.

Algunas de las medidas que nuestro sector necesita son: diferenciación impositiva, apoyo a la estructura de comercialización, incentivos al agregado de valor, promoción de instalación de fábricas y plantas donde se envasen y elaboren alimentos, garantizando inocuidad y calidad de los mismos, mejorando además costos logísticos.

La Agricultura Familiar cumple un rol destacado en la provisión de alimentos en los centros urbanos, permitiendo la llegada directa y barata de productos de buena calidad. Para que esto siga o se pueda revertir el proceso de éxodo del campo a la ciudad, es necesario que en zonas rurales las necesidades básicas como salud, seguridad, educación pública, acceso a energías renovables, comunicación e Internet puedan ser satisfechas, permitiendo así, mejorar las condiciones de vida en ámbitos rurales.

El Estado debe llevar adelante políticas activas en beneficio del desarrollo agrario. El repoblamiento del campo garantiza la producción de alimentos sanos para la población, contemplando el desarrollo de actividades no agrícolas que contribuyan a mejor la calidad de vida, como el turismo rural, agroindustria familiar y mercados de comercio justo.

Un escenario complejo

Desde fines del 2018 hasta la fecha los productores del norte del país y Córdoba vienen padeciendo inundaciones a raíz de las cuantiosas lluvias y el desplazamiento de las masas de agua guiadas por el declive de pendientes y canales clandestinos. FAA viene llevando adelante diversas gestiones ante autoridades de varias provincias y de Nación, con la premisa de contar con asistencia inmediata, mecanismos de financiamiento y soluciones estructurales, como obras de infraestructura y un seguro multirriesgo.

El contexto, además, está signado a nivel global por la llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, y la peste porcina en ese país oriental, que modifica las variables de precios para granos y carnes. Se abre un escenario de doble juego, permitiendo llegar al mercado chino con producción bovina y carne de cerdo, pero con menor exportación de granos, ya que allí se sacrificó gran parte de su stock porcino.

Por otro lado, también en la reunión del CDC de FAA del 7 de mayo se debatió sobre la Ley de Semillas, que en poco tiempo se espera sea debatida por el Parlamento. Desde nuestra entidad logramos hacer los aportes al proyecto que busca sancionar una nueva norma, reivindicando la democratización de la tecnología y el acceso de los pequeños productores a la misma, garantizando el uso propio y el fin de los contratos abusivos.

En un comunicado solicitamos a los legisladores que realicen reformas respecto al texto del dictamen firmado en noviembre de 2018, a fin de tener definiciones más claras y contundentes que den las garantías que necesitan los pequeños y medianos productores: a) Ampliar la cantidad de productores con derecho al uso propio gratuito, es decir que los pequeños y medianos productores no tengan que pagar; b) Orden público, esto es que sean irrenunciables para las partes y no puedan ser modificados por contratos abusivos o extorsivos entre privados; c) Actualización por inflación del umbral, es decir que el monto de facturación máximo que marque el universo de productores que mantienen el derecho al uso propio gratuito debe ser definido de manera tal que asegure su actualización periódica y adecuada; d) Prohibición por ley y explícita de los sistemas privados compulsivos de cobro en puerto o por productividad, debe reforzarse expresamente que el pago de los derechos de propiedad intelectual se agota al momento de la compra de la semilla.

Sobre el tema, también aclaramos que el debate por este asunto no se agota en la soja y que por eso pedimos una mirada más federal. Esto porque los productores de nuestras economías regionales sufren problemas productivos ante la falta de acceso a nuevas variedades de todo de tipo de semillas, estacas, plantas, etc., que no ingresan a nuestro país por la falta de una ley que asegure a los semilleros y viveros una retribución económica por la reproducción de las mismas.

En síntesis, pedimos una mirada general y decimos que de avanzar en políticas de consensos nacionales, no pueden estar ausentes las banderas históricas de la Federación Agraria. Destacamos que no vamos a claudicar en esta lucha. Y expresamos que queda en manos de nuestros legisladores el destino de los agricultores y el desarrollo productivo. Creemos en este marco que, con todas esas condiciones aseguradas para que no sean vulnerados nuestros derechos ancestrales, una modernización de la Ley que cuente con el apoyo de diferentes actores políticos, puede ser positiva.