[VIDEO] CNFR evalúa políticas públicas y define cuáles mantener, profundizar y crear

 

Fernando López, directivo de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y secretario de finanzas de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), afirmó que si bien “se ve que hubo avances” en el diseño y ejecución de políticas púbicas diferenciadas para la producción familiar en Uruguay, “pero también quedan muchas herramientas para profundizar y algunos temas claves para desarrollar”.

En este sentido, López señaló como uno de los logros “de los últimos 15 años” lo vinculado al acceso a la tierra, a través del Instituto Nacional de Colonización,  que ha priorizado en ese período el arrendamiento de tierras del Estado a familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como a los pequeños productores organizados, trabajando en grupo, que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que exploten áreas insuficientes y/o con tenencias precarias.

No obstante, “en lo que tiene que ver con asistencia técnica y extensión rural”, evaluó que si bien  “hubo una política pública que apuntaba a apoyar a las organizaciones con asistencia técnica” tanto desde las direcciones generales de Desarrollo Rural (DGDR) y de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de institutos como el Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Plan Agropecuario (IPA), entre otros, “este es uno de los temas principales que habría que desarrollar”.

El referente gremial sostiene esta afirmación en que “no más del 35% de las unidades productivas familiares del país cuentan con asesoramiento técnico en el predio. Buena parte de la innovación y la incorporación de tecnología pasa por contar con un componente fuerte de asistencia técnica”.

“Claramente”, agregó López, “hay ejes transversales como Mujer Rural o Juventud, hay que abordarlos” con mayor profundidad. El directivo de CNFR también señaló que “la inserción comercial de la producción familiar en las cadenas de valor y la política tributaria” son temas sobre los cuales se requiere un mayor acompañamiento por parte del Gobierno.

Por otra parte, López afirmó que “las políticas públicas vinculadas al fortalecimiento de las organizaciones es de las que no deberían discontinuarse”. Las diferentes formas posibles de asociativismo, con mayor o menor grado de formalidad, “son la única manera seguir estando en la producción y de avanzar. Es muy difícil para alguien con pequeña escala; poca capacidad de inversión; sin acceso a crédito; u otras limitaciones, que pueda desarrollarse en forma individual”. El dirigente aseveró que “el asociativismo es un instrumento clave, y sobre todo, pensando en los desafíos que hay por delante”.

El fortalecimiento y consolidación de las organizaciones de productores familiares ha impactado positivamente en el sector, en diferentes dimensiones, desde la inherente a la posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas -por ejemplo- a través de las Mesas de Desarrollo Rural o en la interacción directa con los diferentes estamentos del Estado; o como apoyo a los productores más alejados y a los más pequeños en las cadenas de valor, dado que “este segmento es al que menos le llegan las políticas públicas”.

El cambio climático y su consecuencia inmediata, la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos para la producción, es tema de preocupación para CNFR. López estimó que “la variabilidad climática está afectando mucho más que en otros tiempos, pertenecemos a un sector que depende del clima. Se ha avanzado en algunos instrumentos, como lo vinculado a seguros para el sector granjero, el frutícola y el vitícola con importantes subsidios del Estado para el pago de las pólizas; hay que avanzar en el seguro contra sequía para la ganadería, experiencia piloto en la que CNFR participó, y aspiramos a que se universalice”; y además, crear líneas de cobertura para sectores que hoy no están contemplados en la oferta de seguros.

López también señaló que “hay que potenciar y dotar de más recursos al Fondo Agropecuario de Emergencia”, creado por la ley Nº 18.362 del 6 de octubre de 2008, para atender las pérdidas en los establecimientos afectados por eventos climáticos adversos y emergencias agropecuarias.

Además, el directivo de CNFR y COPROFAM apuntó a que “hay que tomar otras medidas para bajar el riesgo climático”, como por ejemplo los proyectos para resolver los problemas de abastecimiento, acopio y distribución de agua, o los de riego, “pero creemos que hay que mejorar los instrumentos actuales”.

Acerca del Registro de Productores Familiares Agropecuarios, López afirmó que “creemos que fue el primer paso para la visibilización de la producción familiar y por otro lado, una herramienta para aplicar políticas públicas. Es muy difícil, si se quiere apoyar a la producción familiar (implementar políticas) si no se sabe quiénes son, dónde están, o qué producen. Creemos que en Uruguay se ha ido avanzando, que si bien (el registro) es voluntario tiene integrado a un importante porcentaje de las unidades de producción familiar, y creemos que hay que valorarlo, preservarlo y mejorarlo, pero en la medida en que esté al servicio de la aplicación de políticas públicas, porque no es un fin en sí mismo, sino un instrumento”.

El próximo 1 de marzo se concretará en Uruguay un cambio de gobierno que implica además un cambio en el enfoque y visión de país, en función de la propuesta programática del sector político ganador de los últimos comicios en las que la ciudadanía eligió Presidente e integrantes del Parlamento. Acerca de esta nueva coyuntura, Fernando López expresó que “para una organización como CNFR, con más de 100 años de vida, claramente esto no es la primera vez que sucede, creemos que es parte de la democracia, y estaremos dialogando a partir del 1 de marzo con el Gobierno electo para seguir defendiendo los intereses de la producción familiar y en particular, las políticas públicas”.

López recordó que en octubre CNFR le hizo llegar a todos los candidatos a la Presidencia un documento en el cual se exponen los principales lineamientos estratégicos que el próximo Gobierno debería considerar a la hora de definir, diseñar y ejecutar políticas públicas que propendan al desarrollo y fortalecimiento de la producción familiar.

El referente gremial plateó que quieren escuchar cuáles serán las líneas estratégicas de trabajo del nuevo Gobierno para el sector agropecuario en general y para la producción familiar en particular, y plantear “cuáles son nuestras expectativas y qué herramientas hay que mantener, profundizar o crear. Este es un importante desafío, que es parte de lo que una organización gremial de productores totalmente independiente y apolítica debe hacer: defender sus intereses y generar propuestas con cada gobierno de turno. Entendemos que esa es la manera de construir, de actuar, y de hacer la defensa gremial”, concluyó López.