La Ley de Economía social y solidaria provocaría un impacto negativo sobre el sistema de fomento rural

El martes 10 de diciembre, con los votos de los legisladores del partido de gobierno, el Senado sancionó de forma definitiva el proyecto de ley que “declara de interés nacional, la promoción difusión, estímulo y desarrollo de la Economía Social y Solidaria, en cualquiera de sus expresiones”. El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 4 de setiembre de este año.

De acuerdo al texto de la Ley, son formas de expresión de la Economía Social y Solidaria cooperativas, sociedades de fomento rural, empresas autogestionadas por sus trabajadores, redes artesanales, asociaciones civiles que promocionen la economía social, mutuales, fundaciones y otras figuras que cumplan con los principios establecidos en la Ley.

A partir de la promulgación de la Ley, que deberá realizarse antes de los 180 días de haber obtenido la sanción definitiva, el Instituto Nacional de Cooperativismo, Inacoop, deberá impulsar políticas públicas y diseñar proyectos tendientes al desarrollo y fortalecimiento del sector, mientras que la Auditoría Interna de la Nación, AIN, será el organismo fiscalizador de las entidades de economía social y solidaria.

Aunque en términos generales el proyecto de Ley aprobado se considera un avance en lo concerniente a la promoción y apoyo al asociativismo, algunas organizaciones de la sociedad civil, como Comisión Nacional de Fomento Rural, CNFR; Cooperativas Agrarias Federadas, CAF; y la Cámara de Cooperativas de Ahorro y Crédito, expresaron sus diferencias con la redacción del texto aprobado.

En este sentido, Mario Buzzalino, presidente de CNFR, expresó que “esta ley empareja a cualquier tipo de emprendimiento asociativo o cooperativo con el sistema de fomento rural”, sin considerar las diferencias existentes entre las diferentes modalidades de trabajo.

Buzzalino explicó que a diferencia de las empresas cooperativas, por ejemplo, “las SFR no distribuyen lucro, tenemos una Ley específica que nos controla, tenemos (como organismo de contralor) al Ministerio de Educación y Cultura, y todo eso se puede desvirtuar, en la medida en que no seamos excluidos de esta Ley”. El presidente de CNFR aseveró que “entendemos que el Estado debe controlar, debe regular, debe estar presente, pero no se puede dar igual tratamiento “a los que no somos iguales”.

CNFR solicitó audiencia el 22 de octubre de 2019 ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores –entidad parlamentaria encargada del estudio del proyecto de Ley- con el fin de brindar su opinión, pero no obtuvo respuesta. “No me consta que la Comisión haya sesionado, el proyecto se aprobó tal como venía (desde la Cámara de Diputados), Estamos muy desconformes con esto. Hay que decirlo muy claro. Nos parece que se borró de un plumazo una cantidad de cosas y que se pone en juego una herramienta como el sistema de fomento rural en forma peligrosa, en base al desconocimiento de las características de este movimiento”, aseveró Buzzalino.

El dirigente gremial explicó que la nueva normativa, que transfiere el contralor de las SFR a la AIN, implica incrementar los costos operativos de las entidades de base de CNFR, porque deberán presentar balances firmados por un Contador, aunque no tengan actividad comercial. “Estamos hablando de los sectores de la economía más débiles, no es lo mismo una SFR que Conaprole”, la principal industria láctea nacional y uno de los mayores exportadores del país, “y sin embargo, van en la misma bolsa”.

Esto trae aparejado que las SFR deban incurrir “en una sucesión de gastos y crear una estructura en una forma asociativa que se lleva adelante con el esfuerzo de gente que no es rentada, que trabaja todo el día en su predio y de noche le dedica horas” a su organización.

Buzzalino agregó que esta ley “desarmaría a única fuerza de control que tiene CNFR y de incidencia a través de una Ley que se superpone a otra, y es un riesgo que nos parece inútil correr. Desde el punto de vista objetivo, tiene todo para restar y nada para sumar”.

No obstante, aún podría encontrarse una salida, que pasa por lograr que la reglamentación de la Ley contemple la visión de CNFR. Al respecto, Buzzalino dijo que “estamos trabajando en el tema, ya tenemos algunos contactos previstos. Tenemos el compromiso de algunos legisladores de que esto se va a solucionar en la reglamentación de la Ley. Creemos firmemente que no (se quiso) hacerle mal a un sistema que involucra a tanta gente, y apelamos a la buena voluntad de solucionar este problema cuanto antes, porque es muy grave lo que se acaba de aprobar”.

De todas formas, aunque la reglamentación de la ley se concrete en lo inmediato atendiendo el reclamo de CNFR, la incertidumbre persiste, en tanto “la reglamentación de la ley está sujeta a la voluntad del gobierno” de turno, recordó el referente de CNFR, “y en tres meses tenemos un cambio de autoridades. Esto puede reglamentarse de una manera y cambiar” a partir del 1 de marzo, fecha en la que asumirá el gobierno electo. “Por eso queríamos que se excluyera a las SFR del texto de la Ley”.

Mario Buzzalino concluyó que “vamos a pelearla y a estar atentos, a ver qué pasa de aquí en adelante. (Esto) nos preocupa muchísimo. Hace mucho que venimos trabajando, que venimos alertando en diferentes niveles de los riesgos que implicaba, y lamentablemente no fuimos escuchados”.

  Texto aprobado de la ley de economia social y solidaria

Comunicado de Comisión Nacional de Fomento Rural
En defensa de la identidad y marco regulatorio del Sistema de Fomento Rural

La Comisión Nacional de Fomento Rural manifiesta su discrepancia y preocupación ante la reciente aprobación de la Ley de Economía Social y Solidaria. Consideramos que dicha ley atenta y pone en riesgo la identidad y marco regulatorio específico del Sistema de Fomento Rural.

A partir del tratamiento acelerado que se le diera a este proyecto a nivel parlamentario con el impulso del bloque oficialista, no se dio la oportunidad de contar con los tiempos necesarios de diálogo y ajuste de la propuesta, sin dar lugar a evaluar suficientemente los efectos de los cambios propuestos.

En este marco, lamentablemente —a pesar de los esfuerzos realizados por CNFR en el presente año para que se considere la especificidad de la norma que regula nuestro sistema— no se ha logrado incidir mínimamente para que nuestras sugerencias fueran contempladas.

Consideramos que se incurre en un error y una falta de respeto hacia un sector representado por nuestra institución que siempre se ha caracterizado por el diálogo con crítica y propuesta para la construcción de alternativas.

Alentamos a todo el Sistema de Fomento Rural a estar atentos a esta embestida y preparados para defender nuestra identidad y nuestros logros históricos.

Apelamos a la sensibilidad del sistema político en su conjunto para retomar los canales de diálogo y enmendar el error incurrido en procedimientos y contenidos.

Montevideo, 13 de diciembre de 2019.