Evaluarán actuación del Estado al cumplirse 25 años de implementación del Convenio 169 de la OIT
Este 2 de febrero se conmemoraron los 25 años de implementación en el Perú del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que constituye una de las normas internacionales más importantes en la que se reconocen los derechos de los pueblos originarios del mundo.
Este convenio internacional ha sido reconocido por 22 estados en el mundo; y en América Latina, son 15 los países que lo han ratificado, entre ellos el Perú, donde se implementó desde el 2 de febrero de 1995. El Convenio consta de 44 artículos, en los que se reconoce a los pueblos indígenas como tales y sujetos de un conjunto de derechos colectivos de carácter políticos, territorial, económico, social y cultural.
A 25 años de su vigencia en nuestro país, si bien se han dado importantes avances en el reconocimiento de estos derechos, aún hay pendiente muchos desafíos para su real vigencia, como lo han reconocido las propias Naciones Unidas y diversas organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos de los pueblos originarios.
Tal como lo han remarcado especialistas en el tema, el Convenio 169 de la OIT se sustenta en dos postulados fundamentales; uno, el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias; y dos, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. De este segundo postulado se deriva por tanto el derecho a la Consulta Previa, que fue normado a través de una ley específica desde el año 2011.
Una de las instituciones que se ha pronunciado al respecto es la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjunta para los Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas, quien anunció que al cumplirse 25 años de la vigencia del Convenio 169, realizarán una evaluación sobre la implementación de este convenio, así como sobre la consulta previa.
Para ello, la Defensoría viene elaborando los respectivos indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar la implementación de las acciones del Estado entre los años 1995- 2020 para el cumplimiento del Convenio, y plantear las medidas correctivas sobre todo en lo relacionado a proyectos de minería, energía e infraestructura, debido a que varios de los procesos consulta previa no se han realizado en el momento adecuado.
