Tras 8 meses de gestión de este Gobierno, nuestro sector sigue esperando respuestas

En estos casi cinco meses de pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández,  la posibilidad de marcar la agenda en políticas públicas para nuestros representados fue casi insignificante, ya que el centro de atención desde el Ejecutivo  sigue puesto en cómo prevenir que el número de infectados por Covid – 19 termine colapsando el sistema sanitario nacional. Valoro y destaco el trabajo realizado por el gobierno nacional en conjunto con las provincias y la Ciudad para controlar la situación de pandemia, que en estos momentos está teniendo los picos más altos registrados en territorio Argentino.

Todos sabemos que transcurrieron casi 150 días desde el inicio de  la “cuarentena” en nuestro país dispuesta  por decreto presidencial, que estableció el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y sus sucesivas prórrogas. Valga decir que en el período se ha reconocido la importancia y trascendencia de la actividad que llevamos adelante los productores de alimentos, por lo que todo el tiempo pudimos trabajar. No hay dudas de que eso no significa que no suframos los embates colaterales por la crisis que atraviesa el país.

Es necesario, en estas circunstancias tan críticas, poder comenzar a mirar para adelante. Argentina debe contar con un sistema de financiamiento blando para el sector productivo, capaz de sostener a los más vulnerables.  El Estado, a través de la banca pública nacional y provincial debería garantizar que existan herramientas crediticias a tasas subsidiadas, con estímulos para las economías regionales.  Un sistema financiero acorde a las necesidades de los pequeños y medianos productores que esté acompañado por un sistema impositivo progresivo y menos asfixiante.  Es indudable que también necesitamos como país un debate y una reforma impositiva integral.

En la ley 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, quedó establecida la compensación a pequeños y medianos productores sobre el valor de retenciones. El  esquema de devoluciones de los derechos de exportación, que varían de acuerdo al volumen de producción en cada grano (trigo, maíz, soja o girasol) sigue “traspapelado” dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y todavía no se aplica. Una herramienta que segmenta la política en favor de los más pequeños, que no se lleva adelante.  No tengan dudas de que esta es una batalla diaria que damos para que de una vez por todas las promesas se cumplan. Realizamos gestiones y reclamos permanentemente, pero lamentablemente los funcionarios siguen sin dar las respuestas que tantos necesitamos.

Este gobierno demostró que cuando tiene la decisión política de avanzar en algunos temas particulares, lo hace y busca los consensos políticos necesarios para lograr sus objetivos. Es evidente que hasta el momento decidió no aplicar esa lógica resolutiva en temas vinculados a favorecer al sector agropecuario y, en particular, a los productores de menor escala.

Los argentinos necesitamos reconstruir la maquinaria productiva, y con ello generar mas puestos de trabajo.  El sector de la agricultura familiar y los productores más pequeños hemos sido y aún somos un engranaje estratégico para ello, pero necesitamos de políticas públicas que acompañen nuestros desafíos.

Quienes nos gobiernan parecen no ver que cada vez que el país crece, los grandes capitales nacionales y extranjeros son los que avanzan con importantes inversiones (y ganancias), y paradójicamente son también los primeros en tirar la toalla ante el menor atisbo de crisis. En contrapartida son las pymes agropecuarias e industriales las que, cuando parece que todo está perdido, las que rápidamente agilizan la recuperación laboral y económica dando nuevas esperanzas a los argentinos. Qué importante sería que, de una vez, eso se valore. Y se tenga en cuenta cómo los grandes actores huyen o se esconden ante el primer cimbronazo.

Agregar valor a nuestra producción es un desafío como país. Y los productores estamos dispuesto a hacerlo. Pero para ello necesitamos de herramientas como el acceso al crédito, sin que el mismo sea un salvavidas de plomo, sino una real ayuda. También debemos contar con infraestructura e inversiones, que nos permitan luego afrontarlo. Por citar un caso concreto entre tantos, hoy tenemos una gran oportunidad y condiciones para transformar en proteína cárnica el producto primario como forma de dar valor agregado. Pero para ello, necesitamos las condiciones para hacerlo.

En muchos casos los que producimos con y en la tierra somos arrendatarios pequeños, y los precios que pagamos por ello son cada vez más altos. Esto está impuesto por las reglas del mercado, y resultan una gran limitante para todos los pequeños y medianos agricultores familiares. Por eso, en varias reuniones le transmitimos al ministro Basterra la necesidad de impulsar una ley de arrendamientos que sea superadora de la actual, que pueda controlar el precio de los arrendamientos y el uso del suelo de manera racional con agricultores de pequeña escala, con la visión puesta en el arraigo de los jóvenes en el interior productivo. Hemos manifestado la necesidad del acceso a la tierra para producir, por intermedio de un banco de tierras fiscales, en beneficio de los agricultores familiares.

También hemos trabajado sin parar y lo hemos reiterado cada vez que pudimos acerca de la necesidad de contar con la reglamentación de la Ley 27.118, de reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, que entró en vigencia en enero de 2015. En la misma están plasmadas la gran mayoría de las políticas públicas que demandamos, por ello es de vital importancia para nosotros que se reglamenten instrumentos y herramientas que efectivamente la pongan en marcha.

Dicha ley expresa como objetivos generales el promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores de campo y, en general, de los agentes del medio rural, mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. Tal como expresa en su tercer artículo:  “Créase el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.

Hago referencia textual de ese  artículo, porque en él están plasmadas concretamente nuestras demandas históricas, y sin motivo que nos convenza,  hasta la fecha no podemos hacer uso de ella. Se está comenzando a trabajar desde la Secretaria de Agricultura Familiar nuevamente en el tema, cosa que valoramos, pero los tiempos políticos son muy diferentes a los de la vida real, sobre todo cuando las necesidades y demandas son urgentes.

Las luces y sombras de un gobierno que mira a muy corto plazo preocupan de sobremanera. Muchos de nuestros productores están con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, con costos de producción cada vez más altos y márgenes de ganancia muy acotados. Como siempre decimos no solo producimos, sino que también somos madres y padres que tienen las mismas necesidades de enviar a sus hijos a estudiar, de comprar comida, ropa y cubrir las necesidades básicas que tiene cualquier ciudadano de este país. Hoy las cuentas no cierran por ningún lado y ya no  se trata de ganar un peso más o menos, estamos hablando de poder subsistir.  Es por ello que sorprende la falta de acción de parte de los funcionarios del gobierno ante nuestras demandas.

Pasaron ya 8 meses de gestión del presidente Alberto Fernández, y nuestro sector sigue esperando respuestas. Estamos dispuestos a seguir dando pelea, haciendo oír de todos los modos posibles nuestros reclamos, en tanto la vida productiva de los productores más pequeños corra riesgo. La disposición al diálogo del Gobierno Nacional es valorable, pero necesitamos respuestas luego de tantos meses de postergación.