Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19

En el Mercosur Ampliado, la COVID-19 afectó la seguridad alimentaria de los pueblos, sobretodo aquellas personas en situación de pobreza y pobreza extrema en las ciudades y zonas rurales. También afectó la comercialización de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena (AFCI), porque los canales tradicionales de venta de productos (mercados abiertos, ferias y políticas de comercialización) fueron cerrados.

Los países que importan casi todos sus estoques de alimentos fueron los más afectados, por el cierre de las fronteras externas. Eso es una opción política y con o sin pandemia la inseguridad alimentaria es una constante que debe ser solucionada a través de la incidencia de alianzas formadas por diversos actores.

Pero en muchos países, las fronteras internas siguieron abiertas y los alimentos llegaron a la mayoría de las personas, especialmente los alimentos procesados. Pero también orgánicos y agroecológicos, en particular por las soluciones encontradas por los agricultores/as, como los sistemas de entrega en domicilio vía redes sociales, ferias itinerantes y apps de comercialización. Hubo subida de precios de los alimentos en todos los casos.

Para la AFCI el mayor impacto se dio en los procesos y políticas de distribución y comercialización de alimentos, ya que la asistencia técnica, la logística de distribución y los canales de comercialización fueron prácticamente todos cerrados. Eso no es exactamente un problema generado por la pandemia, sino las debilidades prexistentes de las desigualdades e incluso de debilitación de las políticas públicas que, hoy día, se resumen a crédito para la producción de alimentos saludables. Las políticas de asistencia técnica diferenciada, estoque de productos y comercialización de productos de la AFCI son poco eficientes porque fueron perjudicadas por muchos gobiernos en curso. La COVID-19 solamente reveló con más fuerza las limitantes del crédito productivo y el olvido del fomento de las políticas de distribución y comercialización, necesarias para la generación de renta para las familias. Muchos gobiernos hicieron fuerte inversión de capitales para el enfrentamiento de la pandemia y sus impactos, pero esos impactos se refieren más a las desigualdades y a la presencia de políticas públicas y sociales debilitadas por esos mismos gobiernos.

La AFCI viene siendo un actor clave para la manutención de la producción de alimentos saludables, pero también la formación de alianzas con otros actores intermediarios que amplían sus posibilidades de comercialización y de acceso a alimentos por las familias de las zonas urbanas. Pese a que se bloquearon los canales tradicionales de comercialización, la AFCI encontró soluciones en los mercados privados a través de la venta directa al consumidor vía WhatsApp, Instagram y Apps propios de comercialización. Incluso las políticas diferenciadas de comercialización para la AFCI que recibieron fuerte inversión en los municipios, como las compras públicas, fueron debilitadas y otros actores accedieron a ellas, como las grandes cadenas de mercados que tenían estoques de alimentos disponibles para entrega inmediata.

En ese intermedio, muchos gobiernos estaduales / provinciales están siendo investigados por indicios de corrupción y super facturación en la adquisición de productos médicos, sanitarios y alimentares. Además de eso, las soluciones adoptadas por los gobiernos se dieron de forma aislada, individual, mostrando la debilidad de la cooperación a nivel de nacional y provincial.

La pandemia muestra como el acceso de la AFCI a mercados formales públicos y privados aún es frágil y necesita ser ampliado en condiciones adecuadas. La COVID-19 releva, también, que el diálogo político y las políticas públicas operadas por los diversos actores no debe resumirse apenas a la producción de alimentos saludables, pues sin distribución equitativa y comercialización eficiente habrá más desperdicio de alimentos y, por consecuencia, más personas sin acceso a una alimentación adecuada. A su vez, la pandemia revela la insostenibilidad del sistema alimentario hegemónico actual y las desigualdades que este concentra y reproduce.

Con la atención de la sociedad en general orientada al enfrentamiento de la pandemia y los medios de comunicación dedicados a actualizar números de muertes y contagios por COVID-19, los abusos y las violencias sufridas por las poblaciones vulnerables se ampliaron. Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, ong’s y otros actores registran aumento en los casos de violencia domestica contra las mujeres, desalojos de campesinos/as, asesinatos de liderazgos sociales, concentración de tierras, degradación ambiental para ampliar áreas de cultivo, expropiación de tierras y de recursos hídricos, esquemas de corrupción organizadas en redes, y distribución selectiva de recursos, medicamentos y alimentos que deberían llegar a personas en situación de hambre y extrema pobreza.

La producción y el acceso a mercados locales de alimentos se dio, principalmente, vía redes sociales y apps específicos de comercialización, con entrega directa en domicilio o retirada en local especifico. En ambos casos, la relación entre productor y consumidor fue fortalecida.

La Economía social y solidaria permitió fortalecer la organización de agricultores/as y la gestión de sus emprendimientos comerciales. Pero también la organización de agricultores con liderazgos comunitarios urbanos, para formación de grupos comunitarios responsables por la distribución gratuita de excedentes alimentos a personas en situación de hambre e inseguridad alimentaria.

Los liderazgos de la agricultura familiar y sus organizaciones se reunieron de forma virtual para organizar conjuntos de propuestas de enfrentamiento a la pandemia, presentadas a los gobiernos locales y nacionales. Las redes de organizaciones urbanas y rurales se fortalecieron en diversos lugares, y las demandas a los gobiernos fueron presentadas de forma conjunta en muchos lugares. Muchas de las medidas de urgencia y soluciones de políticas adoptadas por los gobiernos fueron de iniciativa de las organizaciones y movimientos sociales. Eso ha revelado a los gobiernos (en su mayoría de derecha) la importancia de la sociedad civil organizada y de su participación en los espacios públicos de decisión política. En algunos países, los gobiernos tomaron medidas sin consulta previa a las organizaciones, y en esos casos el alcance de esas medidas fue perjudicado. Los países, provincias y municipios en los que los gobiernos hicieron consulta pública e incluyeron las propuestas de los movimientos sociales en la elaboración de medidas el alcance fue más eficiente y las familias tuvieron más acceso a los recursos y alimentos.

Aunque, en cualquier caso, es necesario fortalecer las alianzas y redes existentes de diversos actores, ampliar el diálogo político y fortalecer los esquemas de cooperación nacional e internacional. Hay muchas experiencias exitosas de la AFCI que no reciben la debida atención de los diversos actores, incluso las mismas organizaciones y movimientos sociales que participan en espacios de diálogo político tienen no solamente buenas propuestas y soluciones sostenibles de desarrollo urbano y rural, pero también experiencias exitosas. Es necesario dar voz y cara a los agricultores/as locales y sus experiencias organizativas, productivas y comerciales. Las referencias visuales en espacios de diálogo deben ser fortalecidas, como prueba y referencia del conjunto de propuestas presentadas por los liderazgos de las organizaciones y movimientos sociales.

A nivel de gobierno, no hay evidencias significativas de que se esté generando una mayor conciencia. Incluso porque se hizo mucha inversión en las grandes cadenas de medicamentos, en los grandes laboratorios para producción en masa de medicamentos cuya eficacia contra la COVID-19 no está suficientemente demostrada. También inversiones significativas en las grandes cadenas de insumos agropecuarios y de alimentos procesados. En ALC hubo se estima un aumento de 30% de las vendas por apps de fast food, como Ifood, Rappi y otros.

Y a nivel de sociedad tampoco hay indicios de mayor conciencia, pues las personas que respetaron las medidas de aislamiento y/o distanciación social lo hicieron porque los gobiernos las obligaron a eso, a través de la imposición de multas o mismo la cárcel. En los países donde el aislamiento social fue voluntario, las personas no lo respetaron tanto y salieron a la calle (también por necesidad de mantener sus trabajos e ingresos), aumentando los casos de contagio y muerte por COVID-19, como es el caso de Brasil.

La pandemia mostró que las principales esferas para el desarrollo de soluciones y políticas de seguridad alimentaria son las esferas locales, los municipios y comunidades. Donde hubo organización de liderazgos de la sociedad civil y mayor articulación de alianzas con los actores públicos y privados las personas lograron recuperar, mantener o incluso ampliar sus ingresos y dedicar tiempo y excedentes de productos para asistir de forma gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y hambre. Hubo organización y formación de redes locales para donación y distribución de canastas de alimentos, bienes de consumo básicos (jabón, productos de limpieza, etc.) y medicamentos para tratamiento de enfermedades (diabetes, presión alta/baja, etc.) para las comunidades más afectadas.

Algunas recomendaciones fueron presentadas por la Plataforma de Emergencia (Campo Unitário) creada por las organizaciones del campo, en Brasil. Pero muchas propuestas similares a estas fueron también presentadas por las organizaciones de Coprofam a sus respectivos gobiernos.

• Retirada de los normativos que controlan y limitan los gastos públicos con políticas sociales (educación, salud, seguridad social, etc.);
• Renta básica de emergencia para los trabajadores y trabajadoras del campo, de las forestas y de las aguas;
• Política de emergencia de suministro de alimentos y de seguridad alimentar y nutricional;
• Fortalecimiento de la capacidad productiva de la agricultura familiar, campesina y de los pueblos originarios y comunidades tradicionales;
• Atendimiento y prevención al contagio del nuevo coronavirus en las comunidades rurales y pueblos originarios del campo, de las forestas y de las aguas;
• Aprobación inmediata de medidas relacionadas al enfrentamiento de los efectos de la pandemia, garantía de seguridad alimentaria e inclusión productiva de campesinos;
• Recomposición presupuestaria de las políticas públicas de fomento de la producción agroecológica, orgánica y sostenible;
• Retomada inmediata de los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional;
• Aprobación inmediata de las políticas de reducción del uso de agrotóxicos y pesticidas;
• Financiación y líneas de crédito diferenciadas con finalidad de comercio para las asociaciones y cooperativas de la economía solidaria y sostenible;
• Fortalecimiento de las políticas de transición agroecológica y de las redes agroalimentares alternativas que fomentan circuitos cortos de producción y comercialización de agroecológicos y orgánicos;
• Retirada inmediata de los mandatos judiciales y extrajudiciales de reintegración de tierra, desalojos y remociones de campesinos, indígenas y familias agricultoras;
• Revocación inmediata del pago de deudas adquiridas por la AFCI;
• Distribución de canastas básicas de alimentos a familias de acampados, asentados, sin techo y otros colectivos de personas en situación de vulnerabilidad;
• Retomada de las políticas de asistencia técnica direccionada a la producción en pequeña escala de alimentos orgánicos y agroecológicos;
• Adopción inmediata de medidas de protección a grupos vulnerables, comunidades tradicionales, pueblos originarios e indígenas, etc.
• Fortalecimiento de las políticas de combate a la violencia de género y de inclusión productiva de las mujeres trabajadoras rurales;
• Apoyo a la formación de redes asociativas y cooperativas de mujeres y jóvenes para fomentar su inclusión socioeconómica en mercados formales e informales, garantir trabajo, ingresos y seguridad alimentaria de esas familias lideradas por jóvenes y mujeres del campo, de las forestas y de las aguas;
• Fortalecimiento de las unidades y sistemas públicos de salud en las zonas rurales y adopción de medidas que resguarden los pueblos indígenas y sus territorios de la proliferación de la COVID-19.
• Entre otras.

Con relación a las directrices de política mundial, estas deben llegar a nivel local, en los municipios y territorios. Hay importantes recomendaciones de espacios clave de diálogo y formulación política que, muchas veces, son abandonadas antes mismo de aterrizar en los territorios. Normalmente los temas avanzan y quedan muy bien presentados en documentos que no logran ser incorporados por los gobiernos nacionales y locales.

Los debates a nivel nacional sobre directrices mundiales son escasos y, cuando los hay, apenas se mencionan y los actores que operan las políticas públicas de seguridad alimentaria no incorporan esas directrices en sus legislaciones nacionales y prácticas cuotidianas. Se crean nuevos temas en los espacios mundiales sin dar mucha atención a la implementación local de las recomendaciones que ya fueron construidas y consensuadas por los diversos actores. Es necesario mejorar la metodología, fortalecer la incidencia hacia los gobiernos nacionales, cobrar de ellos la implementación, el monitoreo y la presentación de resultados sobre los compromisos asumidos a nivel global. Hay una dificultad añadida por el escenario de la pandemia: las respuestas dadas a la COVID-19 fueron, en su mayoría, individuales, a nivel nacional. El cierre de fronteras externas frenó el avance de la cooperación internacional y humanitaria, y parece que así seguirá hasta que la proliferación del virus esté controlada y el escenario “normalizado”.

Por lo tanto, ya existen relevantes directrices de política mundial y nuevas propuestas de directrices que deben centrarse en el fortalecimiento de la cooperación internacional y humanitaria entre países y regiones y en los medios de implementación de esos normativos a nivel local, de país, provincia, municipio y territorio. Para ello, es necesario fortalecer la articulación entre espacios globales y regionales de diálogo político y de estos con los actores nacionales, pues aún están actuando por separado y de forma desarticulada, sobretodo durante la pandemia, lo que perjudica la adopción y la implementación de directrices de políticas mundiales.