Política agropecuaria ineficaz: malas decisiones y medidas insuficientes nos ponen en riesgo de desaparición

Este último tiempo se dieron muchas contradicciones en la política agropecuaria. Por un lado, se publicó la lista de beneficiarios de la compensación de retenciones para productores de soja, lo cual es una buena noticia a medias, porque será más completa el día en que los productores efectivamente reciban el saldo en su cuenta y será definitivamente mejor el día que en haya una política de segmentación seria. Por el otro, vemos a diario cómo nuestras economías regionales siguen siendo el etcétera de una política agropecuaria que no encuentra su rumbo, con cientos de miles de familias en zonas rurales sin ningún tipo de oportunidad, más que un asistencialismo raquítico sin fin.

Las producciones de economías regionales no son por ahora grandes generadoras de divisas;  por ello son menos preciadas para el Gobierno nacional. Pero no ven la enorme oportunidad que se desperdicia, pues sí lo son en materia de generación de empleo, porque podrían ser quienes pusieran de modo ágil y dinámico a nuestra Argentina de pie.

Esas economías regionales son las que contienen la migración incesante de familias del interior a las grandes ciudades. Por ello, para entender que le sucedió a nuestro país en su reorganización territorial en el último tiempo, con tantas villas miserias en cuanto cordón urbano exista, debemos analizar las producciones en cada lugar del país y por qué dejaron de demandar mano de obra, si no se tecnificaron. Lamentablemente, la respuesta está en las millones de hectáreas a lo largo y ancho del país en estado de abandono.

La desidia de la política le hizo mucho daño al sector productivo, especialmente al de economías regionales. Desde los 90´ a la fecha son efímeros los períodos que fueron buenos para nuestros representados. Y, ante la falta de políticas públicas y un estado ausente en defensa de la competencia, dejaron el camino allanado para que las grandes industrias tomaran las riendas con las reglas de mercado y un Estado brillando por su ausencia. Como consecuencia de ello, miles de pymes y agricultores pequeños fueron desapareciendo.

Pero estos no son los únicos factores que oprimen a los productores de las regiones extra pampeanas. Los precios de los costos de producción están atados al dólar, por lo que suben sin parar, mientras que la venta de nuestras materias primas es en pesos y con precios de hace dos años. No hay forma de que una economía productiva resista con estas complejas variables. Y lo que más indigna es el silencio cómplice de quienes nos gobiernan.

Los tamberos reunidos en su comisión interna, a través de un comunicado expresaron su preocupación. Dijeron: “la lechería precisa medidas urgentes para evitar la desaparición de productores”.

En esa oportunidad, hubo unanimidad en la necesidad de gestionar rápidamente ante el gobierno nacional, el impulso de políticas públicas diferenciadas que puedan frenar el proceso de concentración y desaparición de productores. Durante el encuentro se propusieron medidas a corto y mediano plazo que puedan revertir la dramática situación que atraviesa este sector, con insumos atados a los commodities para alimentar el plantel lechero y el precio de la leche con un retraso que pone al jaque a esta actividad.

Son miles los problemas que tenemos los pequeños y medianos productores.

Los años de sequías van acompañados de incendios naturales, que son muy frecuentes a causa de la acumulación de fuentes vegetales combustibles; y la razón principal del inicio de estos son las tormentas eléctricas, aunque no es la única, ya que las altas temperaturas hacen que una pequeña chispa de un vehículo pueda provocar un gran incendio, sumado a cientos de casos como cigarrillos mal apagados, etc. Los productores sabemos que estas terminan siendo, en general, las verdaderas causas de tan cruel final como son miles de hectáreas afectadas por igniciones.  No hay dudas de que, a veces, la acción del hombre tiene mucho que ver con el cuidado y la preservación del medio natural. Esto es algo que los hombres y mujeres del campo conocemos muy bien y hacemos cotidianamente, porque se trata de nuestro modo y medio de vida.

Creemos que, en este escenario, hay muchas formas de articulación de políticas públicas que podrían alentar la realización de un trabajo en conjunto entre los productores y la sociedad para mitigar y controlar el fuego en zonas de mayor riesgo. Esto claramente va en un camino muy diferentes al que decidió el Poder Legislativo, días atrás. Consideramos que, ante el desconocimiento total de estos temas, lo primero que hicieron los diputados y senadores fue votar a favor de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Y es lamentable. Porque, a la hora de dictar leyes referidas a temas inherentes a nuestro sector, los argumentos de gran parte de los legisladores de ambas cámaras demuestran un absoluto desconocimiento del campo, de su gente, de su idiosincrasia. Usan términos muy hirientes y despectivos, fundamentan desde perspectivas ideológicas pero ficticias, lejanas de la realidad, que siguen marcando una grieta que parece no tener fin.

Esta modificación lo que implica en sí es dar por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo. Y eso afecta directamente la garantía constitucional de presunción de inocencia, pues condena de antemano al productor de manera prejuiciosa. No se piensa que esa persona, además de haber sido víctima de un siniestro, ha perdido su capital de trabajo, sus bienes muebles o inmuebles. Ahora, a esa desgracia se le suma que deba enfrentar una condena por un evento sobre el cual pudo no haber tenido responsabilidad alguna.

En rasgos generales, la norma modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815. Establece una serie de prohibiciones por el término de hasta 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales”. De acuerdo al nuevo texto, “no se podrá realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”. En síntesis, en el caso de accidente o ante un incendio provocado (quizá con mala fe) por un tercero, se castiga de antemano al productor dueño de la tierra.

Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”. Esta modificación revela una falta de conocimiento total y absoluta de cómo se producen los incendios en el interior de nuestro país.

En el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”. En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios ni cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

A estos problemas, que se originan por la injerencia de una política aplicada desde la ignorancia y con sesgos ideológicos, sin argumentos técnicos ni científicos, se le suma la desidia en su máximo esplendor.

Otro de los temas que da cuenta de los vericuetos de la política actual y lo que nos perjudica, en este caso por su inacción, es el tema de semillas. Desde hace décadas advertimos cómo se intenta, de una forma u otra, quitarle el uso propio gratuito de semilla al agricultor, frente al cobro de regalías extendidas. En este sentido nuestra comisión interna de semillas alertó que el derecho de uso propio gratuito, consagrado en la ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y en UPOV 78, “está siendo vapuleado por la industria semillera, y el INASE no actúa como debiera”.

La flexibilización de derechos en favor de las grandes empresas, transnacionales en su mayoría, con una clara transferencia de recursos y propiciando su concentración, se refleja en el avance de condiciones de regalías extendidas en la mayoría de las variedades y la imposición de parte de la industria semillera (a través de contratos, facturas y de forma unilateral) de compromisos a los productores que se ven reflejados en una renuncia a su derecho de uso propio gratuito. Así, los productores reciben innumerables cantidades de mails, llamados telefónicos, cartas documento, notas y facturas, con condiciones estipuladas en el abuso de posición de la empresa proveedora de tecnología.

Por esta situación es que estamos obligados a hacer pública una vez más la defensa al uso propio gratuito, exigiendo claridad en las facturas de compra, transparencia en los mecanismos de control, un Estado presente en la defensa de la ley y sus derechos consagrados y bregamos por el Orden Público en materia de semillas.

Nuestra entidad ha puesto en un lugar central de la agenda pública el “uso y tenencia de la tierra”. Y esto se profundizó cuando el presidente Alberto Fernández, en una reunión dijo; “quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan”. La comisión interna federada idónea en este tema, expresó: “Los pequeños y medianos productores queremos ser parte de la discusión institucional sobre el uso y tenencia de la tierra”. Como entidad creemos muy importante que, finalmente, llegue el momento en que podamos debatir de manera institucional sobre un tema pendiente y absolutamente central en la cuestión agraria en argentina como es la propiedad de la tierra y el acceso democrático a los recursos productivos.

Históricamente hemos propuesto un modelo de desarrollo que contemple el uso y tenencia de la tierra, una agricultura con agricultores para la generación de alimentos y bienes exportables con valor agregado, que no sólo trabajen (cultiven y cuiden) la tierra y produzcan, sino que conlleve un modelo de desarrollo local, con sostenibilidad social, el cuidado ambiental y la generación de divisas para el país.

Como entidad, tenemos una larga historia habiendo presentado, inclusive, varias iniciativas parlamentarias y habiendo debatido amplia y federalmente sobre esta problemática, a nivel nacional pero también en ámbitos internacionales como la REAF y la COPROFAM.

Esperamos que las declaraciones del presidente sean el inicio de una discusión adecuada, que permita la implementación de políticas públicas apropiadas sobre este tema tan postergado, que requiere avances para dar respuestas a tantos productores que han sido largamente ignorados por el poder. Como dijimos, nuestra entidad de 108 años tiene muchas propuestas avaladas por su historia en esta materia, que estamos dispuestos a aportar.

En síntesis, vemos a diario cómo las cuerdas de la política se mueven sin disimulo  en desmedro de nuestro sector. Ciertos bloques o partidos políticos usan la bandera de la lucha contra la oligarquía para avanzar con sus deseos, sin que les interese que los que quedan en el camino seamos pequeños y medianos productores.

Hoy, más que nunca, debemos estar todos unidos. Todo parece indicar que la taba cayó de culo una vez más para nosotros, con quienes deciden los destinos de nuestro país. Mientras que no se pueda hacer de otro modo, debemos seguir realizando asambleas por plataformas virtuales, y, donde sea posible, llevarlas adelante de forma presencial respetando el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Debemos comenzar a gestar de ese modo, de manera colectiva, una medida gremial que comience a hacer sentir nuestra voz y con ella nuestras necesidades, ante quienes están dispuestos a darnos la espalda.

(Por Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina)