Con una contunde medida gremial, le dijimos NO a la implementación de políticas desfavorables para la producción ganadera por parte del Gobierno Nacional

En el mes de mayo último, el gobierno argentino mostró su verdadera intención de controlar el mercado de carnes de manera discrecional, desalentando la producción y la exportación. Para ello, creó un mecanismo para prohibir, trabar, restringir, direccionar y manipular una por una las exportaciones de carne. Antes fueron los ROE, ahora (bajo el discurso del control de la informalidad y evasión) son las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJEC), aplicando una fachada para consagrar la vuelta de un sistema de manejo de las exportaciones de carne que ya se aplicó en el gobierno del kirchnerismo.

Como entidad, recordamos públicamente que mientras existieron los ROE (entre 2006 y 2015) diez millones de cabezas de ganado dejaron de existir y el objetivo de que bajara el precio en góndola no funcionó. A pesar de que la historia reciente nos marca esto, re implementaron la medida con un discurso de anti evasión que no tiene fundamentos en términos considerables de recaudación fiscal sino, por el contrario, tiene como único fin decidir a dedo quién sí y quién no, cuándo y dónde se exporta.

El gobierno hasta ahora no quiere dialogar sino imponer medidas que ya fracasaron. Ya el mes anterior nos habíamos declarado en alerta y monitoreo permanente, para ver lo que sucedía con estas medidas. Lamentablemente no nos equivocamos y sucedió lo que preveíamos. Por ello, junto a las entidades que integramos la Comisión de Enlace, convocamos a un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna desde las cero horas del jueves veinte de mayo hasta las veinticuatro horas del viernes veintiocho de mayo; luego hubo una extensión de la medida hasta el dos de junio a las veinticuatro horas.

El mismo se llevó a cabo en el marco de la falta de respuestas del Gobierno ante los pedidos de las entidades de levantar el cierre de exportaciones de carne bovina, dispuesta por la Resolución 86/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería Y Pesca.

En esto, quiero destacar el unánime apoyo de nuestro Consejo Directivo Central a la medida dispuesta por la entidad en conjunto con la CEEA. Desde ese ámbito dijimos claramente que la decisión del gobierno nada tenía que ver con cuidar el bolsillo de la gente —ya que no beneficiará al consumidor y mucho menos a los que producimos— sino que es un traje a medida para un grupo selecto de exportadores, que comprarán a bajo precio en pie, para luego exportar y obtener ganancias extraordinarias. Se estaba llevando a cabo una incipiente transformación de granos en proteína cárnica, la cual genera valor agregado, trabajo y arraigo. De un plumazo volaron la poca confianza que había.

Ante la falta de dialogo con el gobierno y el no levantamiento del cierre de exportación, en un CDC extraordinario aprobamos en conjunto con un plenario de entidades federadas extender el cese hasta el 2 de junio a las 24 horas. Cabe destacar que el día 28 de mayo la CEEA extendió el Cese de Comercialización según lo propuesto por nuestra entidad y con mandato del Consejo Directivo Central. Valoramos el gran acatamiento, ya que en 14 días no hubo ingreso de cabezas de ganado al mercado de Liniers desde que comenzó el mismo.

Pasadas las jornadas dispuestas para la protesta, levantamos el cese para abrir una instancia de dialogo y también por la época del año, puesto que iniciaba el tiempo donde se produce la venta de vaca vieja de descarte, para ingreso de dinero y poder oxigenar la actividad, como así también para descomprimir la carga por hectárea de animales que ya cumplieron con su ciclo productivo. Este tipo de animal es el que se estaba vendiendo a mercados como China a buenos precios de exportación y buenos precios en pie al productor y hoy existe una gran incertidumbre sobre si seguirá teniendo mercado éste tipo de producción.

Lo hemos dicho a los funcionarios del gobierno nacional y al mismo Presidente de la Nación reiteradas veces, de todas las maneras posibles: el productor no es el formador de los precios ni el causante de la inflación. El incremento de precios no es de un producto, sino que es generalizado. Y esta situación amerita que sea controlada por sus verdaderos orígenes que tienen que ver con una economía descontrolada, con un gasto público desmedido y con una emisión de pesos que exacerba esa dinámica de los precios antes que calmarla, pero por sobre todo, por las malas señales emitidas que afectan la confianza y la credibilidad del país, y postergando las inversiones que nos hacen falta.

Es realmente increíble que este Gobierno, en medio de las enormes dificultades que nos está trayendo la pandemia, siga buscando más problemas y que, por casualidad o causalidad, elija siempre al campo como punto para atacar. En esta instancia, pedimos audiencia al Presidente Alberto Fernández, abrimos una instancia de dialogo con el Gobierno Nacional, gobernadores y legisladores para intentar revertir esta desafortunada medida que nos traerá secuelas muy graves mientras pase el tiempo y no se reabran las exportaciones.

Pero no sólo estamos ocupados de este tema, y no será nuestra única agenda a la hora de reunirnos con quien nos reciba, nos escuche y quiera trabajar juntos para que el sector agropecuario sea el motor de la recuperación de la economía nacional a través de la actividad genuina, la generación de empleos y la dinamización del interior productivo.

Sin políticas públicas acordes a las necesidades, a la planificación estratégica, segmentadas por tamaño de productores, seguiremos viendo excluidos, personas aglomeradas y sin auto sustento en los conos urbanos, con pérdida de calidad de vida y ayudas sociales, sin otro fin que su subsistencia, quitándoles además su derecho a un trabajo digno con el que puedan suplir las necesidades propias y de sus familias. El estado gasta 10 puntos del PBI en subsidios directos para personas, 7 puntos para mantener el resto del Estado y 1,5 en inversión. Tenemos un claro ejemplo de pirámide invertida, con una base muy angosta y una estructura que sostener enorme. Sin inversión no hay desarrollo en ningún país. La ruralidad argentina necesita la creación de puestos de trabajo, infraestructura y planificación y esto viene de la mano del campo y la industrialización de la producción primaria, entre otros.

Es inconcebible que se lleven millones de dólares en conceptos de retenciones e impuestos de nuestro sector y no le devuelvan nada al interior productivo para generar arraigo con rutas, conectividad, centros de atención a la salud, escuelas, universidades y, por supuesto, trabajo.

Debemos salir de temas aislados y destructores de la confianza como nos propone el gobierno, y, con mayor esfuerzo y entre todos, debemos crear propuestas amplias que contengan políticas para productores de economías regionales, carnes alternativas, lechería, granos y legumbres.

Con este fin, en el marco del encuentro del CDC de mayo, se llevó a cabo la comisión interna de economías regionales, donde se planteó la necesidad de cambiar el eje de discusión en cuanto a soluciones estructurales que necesita el sector e indudablemente nunca llegan.  Entre ellos se mencionaron: la reglamentación de la ley de agricultura familiar, incentivos fiscales y crediticios, seguro multirriesgo, ampliación del presupuesto de emergencia agropecuaria, banco de tierras para un desarrollo nacional en el uso y tenencia de la tierra.

Para ello, se comenzará a trabajar desde la comisión y un equipo técnico en el mismo, en un instrumento de reparación histórica, un proyecto de ley que contenga no solo las necesidades de nuestros representados, que son los agricultores familiares a lo largo y ancho del país, sino también se trabajará en un articulado legislativo. Lo llevaremos a los diferentes bloques que integran el Congreso argentino para que se convierta en ley, de esta forma cambiar la realidad de miles de productores y con ellos de los pueblos del interior argentino.

Existen muchos ejes donde ponerse a trabajar con base en la articulación público – privada. Uno de ellos es que, a nivel mundial, hay un gran interés por las producciones agroecológicas; y a nivel regional de los países del Mercosur, hay un incipiente interés en trabajar con la agricultura familiar como bandera de estas producciones. No hay duda de que somos por excelencia quienes debemos producir estos alimentos que cada vez más demanda el mundo, pero esto es un proceso que debemos comenzar a construir. Hay un costo que el Estado indudablemente tendrá que asumir, vinculado con el apoyo a los ingresos de los agricultores, mediante pagos directos que aseguren la estabilidad de sus ingresos, remunerando a su vez la práctica de agricultura respetuosa del medio ambiente, tal como se hace en la Unión Europea. Con medidas de mercado, para compensar fuertes desequilibrios como caída repentina en el precio de algún producto ante un exceso de oferta o desplome de la demanda y medidas de desarrollo rural, que se orienten a incrementar la productividad y competitividad del campo en países y subregiones.

Vivimos en un país muy rico, pero que tiene grandes desigualdades: la pobreza superó el cincuenta por ciento, cada vez más familias viven en barrios precarios, la inseguridad con robos y asesinatos lamentablemente pasaron a ser “algo normal”, los niveles de desocupación son altísimos, los locales comerciales cierran de a cientos por día en todo el país, las pymes se funden, y podríamos seguir. En este escenario, lo único que parece preocuparle a este gobierno es complicar aún más la vida del productor con supuestos artilugios para que no aumenten los precios de la carne.  Demuestran a las claras que no es una cuestión de necesidad y urgencia, porque la realidad nos indica que no funcionó, sino que es un capricho desde el desconocimiento de cómo se produce y la cooptación de “voluntades” con la discrecionalidad como herramienta.  Ya que, hasta el momento, el Gobierno dialogó con toda la cadena, menos con quienes producimos, para “intentar solucionar”; no podemos no ver esto como un claro desprecio a nuestro sector.

Debemos seguir muy firmes en cuanta medida gremial dispongamos. Vamos a intentar por todos los medios dialogar y buscar soluciones en una mesa, pero si no las encontramos por ese medio la tendremos que buscar en la calle, con ceses de comercialización más amplios, incluyendo más producciones o cualquier medida que lo amerite.

Es hora de que el gobierno nos escuche y nos respete tal como a otros sectores de la sociedad, ya que, hasta el momento y desde que asumieron sólo hemos recibido maltrato y denigraciones por parte de funcionarios de rangos medios y altos del gobierno nacional. Ante tanto atropello, dimos una muestra gremial contundente con un gran acatamiento en los catorce días del cese de comercialización de carne vacuna, ahora esperamos que el presidente recapacite y nos dé una audiencia para poder expresarle que no somos formadores de precios y que el camino que tomó no es el correcto.  Estoy comprometido al ciento por ciento para cambiar la realidad que vivimos los pequeños y medianos productores y agradezco el compromiso de cada una y uno de ustedes. Estoy seguro que lo lograremos.

Nota de opinión de Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina.