Diputados insisten en blindar el robo de tierra al Estado

En los últimos días, el pais atraviesa una ola de incertidumbre social generada por el proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores a inicios de agosto de este año, cuyo trasfondo tiene como finalidad proteger a los poseedores de las tierras del Estado entregadas en violación de la Constitución Nacional y las leyes a empresarios, narcotraficante y políticos, desde 1.954 hasta 2.003. La iniciativa recibió amplio rechazo de sectores campesino, indígena, académico, defensores de derechos humanos y de congregaciones religiosas, que finalmente fue encajonado, mas ahora algunos diputados insisten en revivir el proyecto en la cámara baja.

En ese sentido, la Cámara de Diputados informó que el legislador colorado, Pedro Alliana, quien responde directamente al expresidente de la República, Horacio Cartes, adelantó que la bancada de Honor Colorado podría presentar un proyecto similar que está en “stan by” en la Cámara de Senadores, con el objetivo de modificar el artículo 142 del Código Penal para cambiar la naturaleza de la invasión de (supuesta) propiedad privada, de modo a incrementar la expectativa de privación de libertad de dos a diez años.

“Queremos darle un corte definitivo y un castigo severo a esta gente que tiene en zozobra a muchos paraguayos, que están sin la posibilidad de trabajar; si en el Senado están con esta actitud de no tratar, yo creo que nosotros trataríamos acá; ustedes saben que esta gente que coquetea con los invasores son mayoría en el Senado”, expresó y dijo que con la iniciativa supuestamente no se pretende blanquear las tierras mal habidas. “No tiene nada que ver; creo que por ese lado se podría hacer las investigaciones; inclusive hubo tiempo en que el Partido Colorado no estuvo en función de gobierno; hubo tiempo suficiente para investigar, sancionar, para castigar a esa gente que tiene tierras mal habidas; eso va por camino totalmente diferente”, declaró Alliana.

El informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), presentado en 2.008, detalla que, entre los años 1.954 y 2.003, 7.851.295 hectáreas de tierras publicas fueron adjudicadas a personas no beneficiarias de la reforma agraria como empresarios, funcionario público, militares, narcotraficantes y políticos. En 2.003, la CVJ se constituyó por disposición de la Ley 2.225 como consecuencia de la voluntad del pueblo paraguayo manifestada con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional para investigar y establecer en forma oficial la verdad y la justicia histórica sobre los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos, básicamente durante la dictadura stronista (1954-1989).