Pandemia, crisis y oportunidades: es tiempo de transformar la ruralidad argentina

La actividad agraria se caracteriza por las inversiones de gran magnitud que requiere y, esencialmente, por los riesgos propios que tiene de manera inescindible. Estos son de tipo económico, biológico y/o climático.  Resulta evidente que asumir estos riesgos no significa lo mismo para todos los que desarrollamos la actividad. Los pequeños y medianos productores, por nuestra condición, siempre estamos en la línea delgada de la supervivencia, por lo que esperamos que esos riesgos no lleguen a concretarse, para poder seguir en la actividad; pero, si sucediera, necesitamos de un Estado presente con mecanismos que bajen los impactos.

En este sentido, ha sido persistente nuestra lucha por mantener, sostener y actualizar los fondos destinados a cubrir contingencias en las emergencias y desastres agropecuarios. Sin embargo, los gobiernos no han avanzado en este sentido, por lo que se mantienen los 500 millones de pesos, cuando deberían rondar (actualizados por inflación) en más de 10.000 millones de pesos destinados a atención de estas emergencias.

En este escenario, podemos ver que existe una gran cantidad de pequeños y medianos productores que todavía no recibieron ningún tipo de compensación por daños ya producidos y afrontados en sus producciones de diferentes índoles. Tristemente, ellos hoy se encuentran en “pampa y la vía”: descapitalizándose para subsistir, en un contexto de volatilidad cambiaria donde, si no hay una política crediticia accesible, nuestros productores nunca volverán a comprar lo que tuvieron, que básicamente son herramientas de trabajo. Y cuando nos empezamos a quedar sin capital de trabajo, indefectiblemente quedamos afuera de la posibilidad de subsistencia como productores y somos excluidos por un sistema voraz de concentración productiva, en más o menos tiempo.

Paralelamente al caso anterior, hoy vemos cómo PYME de otros sectores se ven seriamente afectados por una eventualidad que vino a sacudir al mundo, como es el Covid-19. Aquí voy hacer un paralelismo con lo daños climáticos que arrasan con la cosecha de los productores y quedan sin ninguna contención.

Hay que ser claros: este hecho mundial nos hizo mirar las cosas de otra forma, vemos cómo cientos de miles de PYME de cualquier sector piden políticas de financiamiento, porque, ante esta circunstancia, no saben cómo seguir trabajando. Se encuentran con inversiones en compra de insumos realizadas, créditos que pagar, pago de haberes de empleados, endeudamiento fiscal acumulado, entre otros tantos que marcarán a fuego la vida de cada una de ellas.

Sin ninguna duda el factor que nos permitirá salir adelante es la resiliencia. Como sucede entre los productores, que pese a tantas adversidades que año a año le tocan atravesar, son resilientes por naturaleza, porque más allá de que los afecten, una parte ha logrado salir adelante. Sin embargo, otros han tenido que dejar la actividad para irse a otra. Esto sucede, además, por la falta de políticas públicas específicas, que hicieron que en los últimos 16 años se perdieran 80.000 productores, según el último Censo agropecuario.

Las chacras y las fincas en nuestro país se presentan como una gran tranquera abierta, porque si desde el Estado nos dan las condiciones, tranquilidad y previsibilidad, indudablemente al país le empezará a ir mejor. Porque el productor lo único que quiere son herramientas y condiciones para poder seguir trabajando. Pese a ello, cuando recorremos el camino para salir de la crisis, vemos que es muy sinuoso y estrecho, lo que hace que muchos queden encorsetados y no puedan seguir.

Las políticas económicas y financieras de nuestro país, en un momento tan complejo como el actual, no hacen otra cosa que perjudicar siempre a los de menor escala. Prueba de ello es la última normativa del Banco Central, que hizo que se cortara la provisión de insumos en plena campaña de siembra de trigo, sólo por nombrar una de las tantas producciones que se vieron perjudicadas. Esto también pasó con muchas industrias que tienen en su manufactura insumos importados. En este sentido, vemos con mucha preocupación la falta de visión global en las medidas tomadas por el Estado, ya que en vez de incentivar la producción parecieran querer ir en sentido opuesto.

Resulta enorgullecedor ver cientos de camiones y millones de toneladas de alimentos al día. Pero como siempre decimos, sin agricultores o ganaderos no hay nada que transportar. Si es necesario, el consumidor puede ir a comprar a la huerta, pero lo que no podemos improvisar es un campo con trigo, legumbres o ganado.

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la urgencia de transitar hacia un nuevo modelo agropecuario.

Lo que está sucediendo debería hacernos repensar que no puede ser bueno que países como China, EEUU, y la pujante INDIA sean las fábricas del mundo y que el resto hayan abandonado determinadas producciones sólo por el argumento de la eficiencia, sin importar los puestos de trabajo que genera una fábrica funcionando con el sector de la alimentación que obviamente es clave.

En estos momentos, cobra especial valor el sector agropecuario y la soberanía alimentaria. Y nos debe dar mucho ánimo saber que, pese a tantos años de menosprecio, seguimos teniendo un sector primario fuerte, con personas de carne y hueso que generan el desarrollo rural.

Y esto se evidencia en lo que hará la Unión Europea, que emitirá deuda para paliar la crisis post Covid-19, con la política agraria en el centro de escena, ya que en los países que la integran dicen que “cuanto más autosuficientes seamos en alimentación, mejor”.

Vivimos en un país con un sistema de precios injusto para los productores que no les permite sostener los costos derivados de la producción, pues sólo beneficia a los especuladores e intermediarios del sistema. A esto se unen otros factores externos, como la producción agrícola de otros países productores. Esto se ve en el caso de la banana formoseña, que pese a contar con buenos estándares de calidad y sanitarios, no se le permite fijar precios más competitivos en el mercado, sumado al disparate de que en plena cosecha ingrese producción de otros países en perjuicio del propio.

La falta de tierras para alquilar por el avance de los pooles de siembra, la concentración de la riqueza y la escasa implantación del reconocimiento de los derechos de titularidad de la tierra afectan los productores, que han trabajado duramente en los campos, sin que al día de hoy puedan disfrutar de lo que les corresponde.

Sobre el punto de alquiler de tierras en manos de grupos concentradores, quisiera compartir un análisis. Cuando hablamos de cooperativismo y asociativismo, debemos pensarlo también desde lo productivo. Hasta el momento la gran mayoría forma un algún tipo de asociativismo para acopiar, darle valor agregado a la producción o bien para la comercialización; pero es hora de comenzar el asociativismo tranqueras adentro, donde la maquinaria pueda ser un bien de uso de varios productores, porque con una logística planificada se podrían llegar a recuperar las hectáreas perdidas en manos de los pooles de siembra. “Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida” decía el filósofo Séneca. Lo que nos debe enseñar la impiadosa lucha contra los pooles de siembra es que esos fondos de inversión lo único que hicieron es juntar muchos esfuerzos en uno. Creo que la oportunidad radica en lograr unir a los productores en las diferentes localidades del país y dar la batalla de la forma más simple. Pareciera que a veces nuestro ego no nos lo deja ver o la resistencia nos hace criticar sin dejarnos razonar que la solución está en el problema: “pool” significa “colecta”. Básicamente, es un “chanchito” o “vaquita”. Entonces me pregunto: ¿No deberíamos armar nuestro propio pool de producción y de esta forma lograr un avance en nuestro sistema de producción? Siendo que en nuestra gran mayoría contamos con maquinaria con más de 20 años de uso o aún más antigua en un porcentaje mayor, pareciera que la respuesta es sí. Si bien una ley de arrendamiento vendría a dar solución a gran parte del problema, el asociativismo sería más importante todavía.

A todo esto, hay que sumar el reto del cambio climático que, con la alternancia de largos periodos de sequía y lluvias torrenciales, está reduciendo la disponibilidad de agua a la vez que perdemos suelo fértil. En nuestro país, donde el sector agrícola tiene tanto peso en la economía, el escenario no es nada prometedor. Por eso desde FAA seguimos insistiendo que el seguro multirriesgo público—privado es imprescindible para el productor.

Es momento de que el Estado ponga su ojo en lo que se habló en la 6º Conferencia del Foro Mundial Rural, que contribuirá para el Plan de Acción y la Agenda Oficial del Decenio. Allí se propuso ubicar a la agricultura familiar en el centro de la agenda y se instó a promover una transformación rural sostenible e inclusiva, por ser uno de los pilares fundamentales para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), disminuyendo la pobreza y el hambre en los medios rurales. La agricultura familiar, por su modo de vida y producción, tiene gran potencial de aporte al desarrollo rural sostenible y está dispuesta a ayudar a los gobiernos para que logren alcanzar las metas de los ODS.

Por lo tanto, esperamos que tomen en serio la implementación del Plan de Acción del Decenio de la Agricultura Familiar, que está estrechamente vinculada con el cumplimiento de la Agenda 2030. Es una gran oportunidad para los/as agricultores/as familiares, para la sociedad y para el gobierno de nuestro país.

Es necesario que se reconozca que las unidades productivas familiares son diferentes a las de gran escala. Por lo tanto, las políticas públicas para para este sector deben armonizar un conjunto de herramientas que van más allá de los instrumentos, que en general contienen las políticas por rubro de producción.

Las políticas deben promover cambios estructurales en el sector agrario. Promover los arreglos comunitarios locales, las formas asociativas para la producción sostenible o agroecológica  y los servicios  públicos adecuadas (crédito, aportes no reembolsables –ANR—, investigación y generación de tecnologías) que fortalezcan las capacidades de competencia de las unidades productivas familiares, diversificadas e integradas a los mercados, generando renta y calidad de vida en el campo, focalizando esfuerzos en la promoción y fortalecimiento del cooperativismo y asociativismo agrario de la agricultura familiar.

La virtud del Estado, de aquí en más, debería estar en saber enfocar las necesidades del país con metas claras en el futuro. Las políticas sociales que se han venido practicando, no tienen ni tuvieron ningún redito más que de contención, por más de 20 años. Por eso, es hora de hacer, con mucha unión y fuerza desde la entidad y el sector. Debemos exigir al arco político que esas políticas o simples intenciones sueltas se transformen en políticas públicas diferenciadas y específicas, en trabajo genuino e incentivo para el aparato productivo nacional.

Finalmente, decir que hoy por la pandemia, como entidad nos toca suspender nuestras asambleas zonales de distrito que, año tras año nos marcan la política gremial de la FAA, antes del Congreso Anual Ordinario. Instamos a cada Consejo de Delegados Regionales a reunirse y debatir las políticas gremiales a seguir por cada distrito, para de esta forma nutrirnos desde la conducción y trabajar en pos de nuestros representados ante la infinidad de demandas actuales.

Emiliano Zapata decía: “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”. Es imperioso trabajar por una Federación Agraria Argentina unida, porque para hacernos escuchar y que las propuestas se transformen en políticas publicas necesitamos una entidad fuerte con bases sólidas y preparadas para acompañar y exigir las políticas que necesita nuestro sector.