[AUDIO] “Se avizoran tiempos de mucho trabajo”, aseveró Mario Buzzalino, vicepresidente de CNFR

El gobierno electo que asumirá funciones a partir del 1 de marzo propone en el borrador del proyecto de ley que será tratado por el Parlamento bajo la modalidad de Urgente Consideración, la creación del Instituto Nacional de la Granja. Esta entidad asumirá las funciones de la Dirección General de la Granja (Digegra), creada el 1 de enero de 2007 en cumplimiento del Artículo 74 de la ley 18.046, que se encarga de ejecutar las políticas definidas por la Junta Nacional de la Granja (Junagra).

El nuevo instituto también absorbe a la Junagra, cuyo principal cometido es asesorar al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca acerca de las políticas del sector, trabajando además en la administración del Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja (FRFG); los Planes de Negocio y los Seguros Granjeros.

De acuerdo a la redacción del Artículo 327 del anteproyecto de ley, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Granja estará conformado por cuatro representantes del Poder Ejecutivo y tres del sector privado designados por organizaciones de productores, “uno por la Conferencia Granjera del Uruguay, otro por la Comisión Nacional de Fomento Rural, y otro por las Cooperativas Agrarias Federadas”.

En la actualidad la Junagra está integrada por nueve miembros, cuatro del sector público y cinco del privado, “ejerciendo la Presidencia, un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), designado por el Poder Ejecutivo, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un representante del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), un representante de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y cuatro representantes electos por los productores granjeros (CNFR, CAF, Confederación Granjera del Uruguay, Mesa Hortícola de Salto)”, según dispone la Ley No. 16.324.

La modificación propuesta sustituye a los representantes del BROU y de la OPP por los de los ministerios de Industria, Energía y Minería; y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También deja fuera del organismo de decisión a la CIU y a la Mesa Hortícola de Salto, modificando además la correlación de fuerzas entre los sectores sociales con respecto a los integrantes del gobierno, que quedan en minoría si el proyecto se aprueba tal cual lo remitiría el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Sobre esta circunstancia, Mario Buzzalino, vicepresidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, informó que el tema se trató en la última reunión de la Junagra, y que “hay mucha incertidumbre”, dado que estos “son temas que están para discutir. Pero están preocupando un poco porque hay gremiales que podrían perder algunos espacios”. No obstante, el directivo de CNFR aseguró tener “la tranquilidad de que está todo para discutir y para conversar”.

Profundizando al respecto, Buzzalino manifestó que “no se ve mal” que se incorpore un delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “lo que nos preocupa es la pérdida de un lugar para las gremiales (granjeras) y para la CIU, que como privado interesado en que esto funcione. También nos parece importante la presencia del BROU, que es el principal financiador de muchas de las actividades productivas”.

El Vicepresidente de CNFR agregó que “todo está para conversar, gremialmente hay que trabajar mucho y procurar sacar lo mejor de esta situación que implica cambios importantes”, añadiendo que “es impensable estar hablando de horticultura en Uruguay sin considerar una región como Salto, con su importancia económica y social. (Sin este grupo de productores) nos está faltando una pata importantísima, es impensable que en el Instituto Nacional de la Granja no tengan representación”.

Por otro lado, el proyecto de ley no incluye entre los cometidos del Instituto Nacional de la Granja la atención a productores dedicados al rubro ovino, cuando este rubro se ha incorporado a la granja adquiriendo una gran relevancia como rubro complementario, y “que merecería una consideración especial”.

Buzzalino destacó que “tenemos una corriente de diálogo” con quien será el próximo titular del MGAP, Carlos Uriarte, de hecho, el lunes 3 de febrero nos reuniremos con él y con el resto delas gremiales”. Hoy, “las diferentes visiones de cada una de las gremiales nacionales” se han agudizado, “lo que lejos de ser un problema puede enriquecer el debate con la autoridades. Pero creo que cada vez es más claro el rol que CNFR tiene que cumplir, cada vez es más importante, porque me parece que estas diferentes visiones no siempre van a ayudar a los productores familiares. Me parece que se duplica el trabajo de CNFR y estamos preparados para eso”. En este sentido, el referente de CNFR concluyó que “se avizoran tiempos de mucho trabajo”.

El proyecto de ley de urgente consideración contiene en su articulado otros puntos que tienen que ver con el sector agropecuario, relacionados con modificaciones en el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Nacional de Carnes, la tenencia y propiedad de la tierra entro otros, aunque CNFR todavía no tiene una posición oficial al respecto. “Hay que recordar que CNFR se reinstala formalmente el 3 de febrero”, momento a partir del cual la gremial irá expresando su enfoque. “Hay muchos temas que nos preocupan y que tendremos que conversarlos profundamente porque pueden generar una importante distorsión para los productores familiares”. Este proyecto de ley “es la opinión de un sector político que integra una coalición, y tendremos que ver la discusión que podamos dar en el Parlamento”, afirmó Buzzalino.

En la jerga política se denomina “leyes ómnibus” a aquellos proyectos que abarcan una gran diversidad de temas. Este es el caso del proyecto de la Ley redactado por el Partido Nacional, cuyo texto se divide en 10 secciones y contiene 457 artículos acerca de seguridad pública; educación; desarrollo social; salud; vivienda; y producción agropecuaria entre otros.

Las reglas básicas que determinan su tratamiento como proyecto de Urgente Consideración indican que la cámara que recibe el proyecto –ya sea la de Senadores o la de Diputados- cuenta con 40 días para tratarlo, y la segunda cámara con 30. Si la segunda modifica el proyecto, la primera tendrá 15 días para opinar sobre las modificaciones; si las diferencias entre las cámaras subsisten, la Asamblea General debe resolver el conflicto en un plazo de diez días.

El tratamiento de un proyecto de ley bajo la modalidad de Urgente Consideración es considerado un mecanismo de aprobación tácita, pues el proyecto queda aprobado tal cual lo presentó el Poder Ejecutivo si no existe un pronunciamiento parlamentario en los plazos estipulados.