Una experiencia exitosa de desarrollo y cohesión social: 1.400 productores de la agricultura familiar campesina comercializan sus productos en los más de 141 mercados campesinos que existen en Chile

América Latina, Europa y otras partes del mundo experimentan un surgimiento de nuevas demandas sociales relacionadas al tipo de desarrollo que desean para sus sociedades. Y mayoritariamente se expresan posiciones relacionadas con la justicia social que está relacionada con el reparto justo y equitativo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de una persona en la sociedad y vela por ofrecer a cada uno lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. La sustentabilidad, desde la perspectiva del desarrollo, es la línea base de la vida, del respeto por el ser humano, la biodiversidad y los ambientes.

La necesidad que posee la humanidad de vivir con equidad y con sistemas de cooperación vivos, dinámicos, justos dentro de los límites de la naturaleza subyace a la mayoría de las definiciones de desarrollo sustentable, tal como se reconoce internacionalmente a partir de la Comisión Brundtland. Para quienes desean profundizar en esa dirección, podemos añadir que la Comisión mundial creada en 1987 para el desarrollo del medio ambiente, presidida por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, a cuyos trabajos se debe la definición comúnmente aceptada de desarrollo sostenible: “Aquél capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el derecho de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”.

Mirando ahora a nuestra realidad local, que también tiene muchos elementos comunes para el conjunto de América Latina. Como señala Françoise Wautiez, integrante de Polo Economía Solidaria, APRS, Chile, en el documento la Equidad socioambiental en Chile, una tarea pendiente: “La compleja relación que existe entre pobreza y medio ambiente, así como el vínculo entre nivel del ingreso, patrones de consumo y sus impactos en el entorno, amerita una investigación que permita acercarse a la definición de una base y un límite ambiental”.

La conjugación de estos elementos, variables sociales e intenciones y sobre todo la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, motivó a las instituciones vinculadas a buscar un mecanismo para el logro de estos objetivos. Todo aquel que trabaja vinculado al mundo rural y se esmera en su mejoramiento, sabe que el cuello de botella de la agricultura familiar campesina es la comercialización de sus productos, frescos y sanos, lo que obliga a instalarlos en el mercado en un tiempo determinado. Ha sido el esfuerzo y desafío que muchas administraciones del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP han asumido con mejores y peores resultados. La agricultura familiar campesina para manejar sus sistemas de producción, “se basan siempre en la sabiduría de cuidar cada uno de los elementos de la naturaleza”, con el objetivo de lograr interacciones amables con la naturaleza y beneficios que se logren por su intermediación, sean tanto para los miembros de su familia como para el medio ambiente. Además, desde el punto de vista nutricional, permiten que las familias chilenas puedan optar por dietas sanas y equilibradas. Y, en tiempos de pandemias y amenazas sanitarias, estas producciones de alimentos tienen una valoración social doblemente importante.

Esta caracterización acertada que hace FAO de los mercados campesinos nos ayuda a entender los derroteros por donde caminan y sus proyecciones. En los países andinos, la reciente crisis de los precios alimentarios ha puesto en evidencia que la apertura de los mercados nacionales y, en ciertos casos, la dependencia de las importaciones, los límites estructurales de las agriculturas familiares, el crecimiento demográfico y los cambios de los hábitos alimenticios, tienden a fragilizar la soberanía alimentaria de los países y tienen repercusiones fuertes en la seguridad alimentaria de las poblaciones campesinas y urbanas de bajos ingresos. Además, los sectores agroalimentarios convencionales que proveen los principales mercados no aseguran ni precios remuneradores a los productores, ni precios accesibles a todos los consumidores, ni productos sanos.

Los mercados campesinos, que son administrados por las propias productoras y productores que comercializan sus productos, en el marco de acuerdos establecidos entre ellos y que se formalizarán en un Reglamento (idealmente previamente a la instalación, o bien en los primeros meses de funcionamiento), tienen la particularidad de estimular y dinamizar positivamente las economías. Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario —o reduciendo al mínimo la intermediación— entre productores y consumidores. En la actualidad 1.400 pequeños productores comercializan sus productos en los más de 141 mercados campesinos que existen en nuestro país.

Los circuitos cortos, en su origen, estuvieron principalmente vinculados a la demanda de proximidad social: los consumidores buscaban un contacto directo y la generación de relaciones de confianza con el productor. El creciente interés en los circuitos cortos responde también a exigencias de calidad y trazabilidad de consumidores alarmados por las crisis sanitarias en los mercados de alimentos- indica CEPAL. El actual auge de los circuitos cortos se enmarca asimismo en el fortalecimiento del llamado consumo alimentario ético, el cual busca generar cambios sociales, económicos o ambientales a partir de las decisiones individuales sobre qué, cómo y cuándo comprar.

En Chile, las ferias libres constituyen una de las principales vías de acceso de los agricultores familiares a los consumidores. Las ferias libres se llevan a cabo en diversas comunas y regiones de Chile, en donde han llegado a ser un importante actor territorial, que además de aportar a los circuitos económicos locales, constituyen un factor de integración social de la población y son parte de la solución para una alimentación más sana.

En Chile, según datos del año 2021, existen 933 ferias libres, que incluyen a 66.514 comerciantes de todo el país, los que se estima abastecen el 70% del mercado nacional de frutas y verduras y el 30% del mercado de pescado. A su vez, el Programa Alianzas Productivas que impulsa el acceso a nuevos y mejores mercados, en la temporada 2020-2021 vinculó directamente al poder comprador con cerca de 5.000 productores de la Agricultura Familiar Campesina, por medio de 125 alianzas productivas con ventas de $20.000 millones- según informa INDAP a través de sus páginas digitales.

Iván Quinchaleo es de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía; produce avena, trigo y lupino. Hace dos años participa en una Alianza Productiva con Saprosem, empresa a la que vende su producción. “Gracias a este convenio puedo asegurar la venta de mi producción, lo que en este tiempo es complejo. Además, tenemos asesoría técnica de un profesional que está pendiente de los trabajos que desarrollamos en el campo. Es una oportunidad única e interesante, porque apenas sembramos sabemos a qué precio nos comprarán el producto y así evitamos especulaciones y tenemos entrega segura”, precisó.

Ciertamente que hay tareas pendientes que deberán asumir las nuevas autoridades de INDAP en comercialización de productos agrícolas. El Estado, recomienda CEPAL, y los gobiernos locales deben crear un marco legal e institucional que favorezca la creación de circuitos cortos: este debe incluir el reconocimiento del valor de la producción local y su impacto económico, social, ambiental y cultural, así como medidas concretas para promoverlos, como por ejemplo el impulso a la certificación, políticas de comercio justo y la identificación del origen y otras características en el etiquetado de los alimentos.